Ante los serios impactos económicos y sociales de la pandemia, el país entero se unió para salir adelante: Gobierno, Asamblea Legislativa, empresa privada, sectores sociales y sociedad civil, para garantizar el acceso a la salud, educación y alimentación.

Dentro de los hitos más importantes está la creación del bono Proteger que dio un alivio económico a 724 mil personas que vieron sus ingresos afectados por la reducción o suspensión de sus jornadas laborales. Del total de entregas, la mayor cantidad fue para mujeres, que recibieron 388.804 bonos, mientras que 335.484 fueron para hombres y 42 para personas intersex. Adicionalmente, se lograron otros impactos positivos como contener la pobreza en 3.4 puntos porcentuales frente al shock causado por la pandemia, y también se logró bancarizar a más de 200 mil personas.

A una semana del cierre de todos los centros educativos y comedores escolares, el Ministerio de Educación Pública (MEP) ya había realizado su primera entrega de alimentos. Esto benefició en 20 entregas, entre el 2020 y 2021, a más de 850 mil estudiantes en un trabajo conjunto con el Consejo Nacional de Producción (CNP), además 42.500 familias recibieron alimentación por parte de CEN-CINAI.

Por su parte, en un trabajo articulado con la empresa privada y donaciones de la sociedad más de 730 mil familias recibieron paquetes de alimentación y limpieza, por parte de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y la campaña “Con Vos Podemos”.

El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) beneficiaron a 200 empresas exportadoras para su operación, con el plan Alivio, además de asesorías especializadas con el objetivo de incrementar la competitividad, la diversificación y facilitar el acceso de más productos costarricenses a los mercados internacionales.

Los bancos y entidades financieras readecuaron sus condiciones crediticias y dieron acompañamiento. Además se le dio a la población condiciones más flexibles para quienes no podían pagar los servicios públicos. Esto dio un respiro a la población en momentos de incertidumbre.

Las intensas gestiones diplomáticas y de cooperación internacional realizadas por la Cancillería permitieron concretar donaciones y ofrecimientos de ayuda por $54 millones. Además se repatriaron más de 9.300 costarricenses procedentes de 103 países –un cuarto del Estadio Nacional– y se ayudó a regresar a más de 18.000 personas de 40 nacionalidades que permanecían aquí.

Desde la Mesa de Protección Social, más de ₡375 mil millones se destinaron para la atención social de más de 1,5 millones de personas de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad que incluye a personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, territorios indígenas, asentamientos informales, mujeres, menores de edad, en pobreza extrema, entre otras.

Los principales resultados de la coordinación intersectorial se resumen en:

• Más de 40.000 niños y niñas continuaron siendo atendidos por la Modalidad “CEN CINAI en casa”.
• Más de 9.000 paquetes de alimentos distribuidos a grupos familiares con niños y niñas que presentan malnutrición
• Aproximadamente 800 alternativas de cuido financiadas por IMAS y PANI continuaron brindando el servicio adecuándose a las medidas sanitarias requeridas por la emergencia.
• Se implementó el Proyecto Covida, para la atención de las personas menores de edad con afectaciones del COVID-19.
• Más de 2.000 paquetes de alimentos para familias con personas menores de edad en riesgo social por parte del PANI.
• Se habilitó un nuevo albergue temporal para 15 núcleos familiares de mujeres en riesgo social, con sus hijos e hijas en San José.
• La atención telefónica y virtual a cerca de 20.000 mujeres que han recurrido a este servicio para aclarar diversas consultas y solicitar apoyo por diversas situaciones.
• Distribución de 6.500 paquetes de alimentos a mujeres en todo el país.
• Más de 260.000 familias mantuvieron las transferencias de los subsidios de Protección Social que brinda el IMAS, y otras 33.000 familias en condición de pobreza no atendidas en otros programas, consideradas vulnerables frente al impacto socioeconómico por la emergencia ocasionada por el COVID-19.
• Las personas con discapacidad también fueron incluidas dentro del grupo de población vulnerable Más de 1.800 personas con discapacidad, en vulnerabilidad o abandono, ubicados en residencias o en hogares grupales, recibieron artículos de higiene (alcohol, cloro, etc.).
• Se implementaron campañas para que las personas con discapacidad psicosocial y con trastorno del espectro autista
• Se amplió la disponibilidad de traductoras de LESCO para atender llamadas en las líneas de emergencia del 911.
• Más de 2.500 complementos nutricionales y productos sanitarios para personas en situación de discapacidad
• Más de 30.000 personas con discapacidad mantuvieron las transferencias monetarias del Programa de Protección Social del IMAS.
• Se diseñó e implementó el “Plan de abordaje para la prevención y atención de casos con diagnóstico positivo de Personas Adultas Mayores (PAM) en hogares de larga estancia
• Más de 1.300 personas adultas mayores contaron con el servicio de alimentación, a pesar del cierre de centros diurnos como medida preventiva.
• Aproximadamente 15.000 personas adultas mayores recibieron atención domiciliar mediante la Red de Cuido.
• Se adelantó a julio aproximadamente 5.000 pensiones de Régimen No Contributivo que estaban programadas como parte de la meta 2020 para brindar seguridad y menor exposición a riesgo.
• Aproximadamente 8.000 personas adultas mayores contaron con las transferencias monetarias del Programa de Protección Social del IMAS.
• Se implementó la Estrategia de Precisión y Atención Integral a adultos mayores en el sistema de salud público.
• Se implementó el Plan de Acción para el Abordaje del COVID-19 en los 24 territorios indígenas del país para implementar acciones estratégicas para la contención, prevención y atención de la emergencia del COVID-19.
• Se distribuyeron aproximadamente 4.000 paquetes de alimentación en 22 territorios por vía terrestre y en uno vía aérea.
• Más de 6.000 familias indígenas contaron con las transferencias monetarias del Programa de Protección Social del IMAS.
• Se implementó la Campaña «Territorios UNIDOS contra el COVID-19” que consiste en la distribución de materiales sobre la pandemia COVID-19, interpretado en los idiomas Cabécar, Bribri, Maleku y Ngäbe.
• Se diseñaron lineamientos generales para dispositivos de atención de personas en situación de calle debido a la alerta sanitaria ante el riesgo de COVID-19.
• Se habilitaron nuevos centros de atención de esta población con apoyo de la Municipalidad de San José, que permitieron que más de 300 personas no permanecieran en lugares públicos y tuvieran acceso a alimentación y albergue.
• Se elaboró un protocolo para la atención del síndrome de abstinencia en personas con consumo de sustancias psicoactivas que requieren distanciamiento físico y lineamientos de aplicación ante la emergencia de COVID-19 para las ONG que atienden personas en consumo de sustancias psicoactivas, en situación de calle. Se realizaron jornadas de entrega de productos de higiene, mascarillas y vacunación en diferentes comunidades del país, así como la instalación de lavamanos móviles en espacios públicos para disminuir el riesgo de contagio entre la población.
• Se elaboró e implementó el “Protocolo preparativo y de respuesta ante la COVID-19, en asentamientos informales”.
• El AyA resolvió problemas de acceso a agua potable en los asentamientos de Los Diques (Cartago), Miravalles (Curridabat) y Los Cipreses (San José), con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para resolver situaciones de acceso a electricidad en los asentamientos de André Chalet en Los Sitios (Moravia) y León XIII (Tibás).
• Junto a Gobiernos Locales se gestionó el acondicionamiento de los espacios públicos destinados para actividades físicas y de recreación con insumos de limpieza y protección
• Se estableció un protocolo con la CCSS para brindar la atención en salud a las personas trabajadoras afectadas por la Pandemia COVID-19 y el Instituto Nacional de Seguros (INS) cubriría los costos de atención y pagaría la incapacidad por enfermedad en el lugar de trabajo.
• Se implementó el Bono Proteger con una cobertura de 724.330 personas beneficiarias.
• Se trabajó en el diseño de una estrategia preventiva de desarrollo de obras para aumentar la capacidad de los cementerios municipales.
• Se habilitó una transferencia monetaria del Programa de Protección Social del IMAS para cubrir los gastos funerarios por decesos relacionados con COVID-19 a familias en situación de pobreza extrema o pobreza.
• La línea de atención 1322 atendió alrededor de 100.000 consultas generales, más de 50.000 consultas de síntomas Covid-19, casi 30.000 Incidentes del 911, alrededor de 15.000 gestiones interinstitucionales por consultas sobre subsidios, cerca de 15.000 consultas por incumplimiento de directrices, más de 6.000 transferencias al 911 y más de 1.300 consultas sobre control migratorio.
• Además se habilitaron albergues en todo el país para que las personas que no contaban con las condiciones para enfrentar su aislamiento pasarán su enfermedad en un marco de derechos humanos.
• Gracias al modelo compartido “Costa Rica trabaja y se cuida“ se ha avanzado en la reactivación paulatina del turismo, la recuperación económica y la disminución sostenida del desempleo. Esto se ha logrado en un trabajo en conjunto con los gobiernos locales, la empresa privada, organizaciones y diversos sectores sociales.