El 26 de marzo del año 2019 se anunció al país que la EPD pasaba de estar concentrada en 75 distritos prioritarios definidos en su creación (año 2015) a extenderse a familias en situación de pobreza extrema y pobreza de todo el país, alcanzando a 113.000 familias (80% jefeadas por mujeres) que han formado parte de un proceso integral de desarrollo social, que garantiza acceso prioritario a la oferta de programas sociales, formación académica y técnica, y acompañamiento para el vínculo con el mercado laboral.

Adicionalmente, el enfoque de atención integral basado en la multidimensionalidad de la pobreza permitió sumar esfuerzos intersectoriales mediante los componentes Puente a la Comunidad (trabajo en asentamientos informales de distritos prioritarios), Puente a la Prevención (promoción de convivencia pacífica mediante generación de factores protectores en población de distritos con concentración de violencia, factores de riesgo, y delitos comunes), Puente Agro (para la atención de familias en vulnerabilidad con activos productivos), Puente al Trabajo (sentó las base de articulación operativa y priorizada de población en situación de pobreza para el Sistema Nacional de Empleo – SNE) y Puente al Bienestar (componentes original que articula mediante la cogestión social la oferta de programas universales y selectivos mediante el Plan Familiar que define cada familias participantes).

Se implementó Niñez, Desarrollo y Oportunidades (NiDO), modalidad de atención en el marco de la EPD y liderada por PANI e IMAS con el apoyo de UNICEF, para madres gestantes y con niños menores de 6 meses de edad llamada) con la cual se da atención integral en los primeros 1000 días de nacidos a menores, a la madre y el resto de los miembros de hogares en pobreza extrema. Ya más de 1000 hogares participan de esta iniciativa y en el 2022 el número alcanzará 3000 en total.

Complementariamente, el año 2019 el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, inició el diseño e implementación del Programa Conjunto entre el Estado de Costa Rica y el Sistema de Naciones Unidas para el Fortalecimiento de la Estrategia Puente al Desarrollo para romper el ciclo de pobreza a nivel local, con perspectiva de género y ambiental.

Mediante Decreto Nº 41351-MTSS-MIDEPLAN-MDHIS y una reforma a  la organización del Poder Ejecutivo se consolida la Estrategia Puente al Desarrollo y se habilita nuevamente el Consejo Presidencial Social como instancia de articulación de políticas universales y selectivas.

El 8 de febrero del 2019, mediante el Decreto Ejecutivo N° 41569-MEP-MTSS-MDHIS. El Poder Ejecutivo oficializó la creación del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas para Estudios denominado Crecemos lo que permitió que, en un plazo de solo 5 meses, se concretará el traslado masivo de 194 mil estudiantes.

Ese mismo año el Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley N° 21.344 que se aprueba como Ley N° 9903 la cual reforma a la Ley de fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas del programa Avancemos N° 9617, y que consolidó en 2020 el cierre del FONABE el cual se administrativamente concluyó en el año 2021, con la eliminación de 6000 mil beneficios que representaban una duplicidad y con un ahorro importante para la operación del sector social.

Mediante la Emisión de la directriz 060-MTSS-MDHIS Priorización de atención de la pobreza mediante la utilización del sistema nacional de información y registro único de beneficiarios del Estado dirigida a la Administración Central y descentralizada del sector social que instruye a utilizar la clasificación socioeconómica y priorización dada por SINIRUBE para la selección de personas u hogares beneficiarios, para los siguientes programas sociales selectivos financiados por el FODESAF, y se asigna la responsabilidad de contribuir en la actualización y llenado de la ficha de inclusión social.

Los programas dirigidos a personas o familias en situación de pobreza han mostrado una reducción importante en las filtraciones; es decir, llegan mayoritariamente a quienes más requieren apoyos de nuestro sistema de protección social. En esto ha sido vital la extensión de la obligatoriedad del uso del SINIRUBE para los programas financiados por el FODESAF.

Uno de los pilares del programa macroeconómico suscrito con el FMI en el marco del Servicio Ampliado establece la implementación gradual de reformas fiscales equitativas para asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, mientras se protegen a los sectores más vulnerables. Como medida frente a los efectos durante y post pandemia, y frente a las medidas estructurales y reformas fiscales establecidas, se establece el crecimiento de 0,1% del PIB en inversión social iniciando entre 2021 y 2023, en al menos 5 programas, lo cual según estimaciones del BM permitiría una reducción del coeficiente de Gini en 0.4pp y sacaría a 12.000 personas de la pobreza.

Con el fin de reducir asimetrías en la calidad y estandarizar los servicios brindados en las diversas modalidades de atención de las tres unidades ejecutoras (IMAS, PANI y CENCINAI) en el año 2019 se aprobaron los Estándares de Calidad de la REDCUDI que son condiciones esenciales que deben ser considerados para el servicio brindado a la población infantil desde el nacimiento hasta los 12 años de edad, para la REDCUDI.

Desde el año 2015 el número de los niños y niñas atendidos por todas las unidades ejecutoras creció en un 36%, y solo en el período 2017 al cierre del año 2021 la cobertura aumentó en 9 325 personas menores de edad en todo el país. En el año 2022 la Comisión Consultiva tomó la decisión de implementar la modalidad de pago compartido para familias en vulnerabilidad e ingresos medios la cual deberá ser financiada con recursos provenientes de la Ley N° 9941, lo cual permitirá aumentar retomar la ruta de crecimiento que se tuvo hasta la llegada de la pandemia COVID-19, a pesar de la cual nunca se cerraron los servicios de cuido permitiendo así proteger la oferta de este programa para la fase de rehabilitación, recuperación social y reactivación económica.

Ley 9941 para la Reactivación y Reforzamiento de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil determina que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI)  preside ahora la Comisión Consultiva de la Red y que, la Secretaría Técnica como responsable de articular todos los actores públicos y privados en materia de cuido y desarrollo infantil y expandir los servicios, estará adscrita a la Institución.

Con base en el interés superior de la persona menor de edad, reconocido y establecido en Costa Rica, se emitió en 2020 una directriz para garantizar el beneficio de cuidado y desarrollo infantil a familias que en el proceso de atención superaron la línea de pobreza, con el fin de que éstas no regresen al estado original como consecuencia de la revocatoria de los subsidios otorgados. Esta directriz toma como base el criterio C-062-2020 de la Procuraduría General de la República, ante una consulta promovida por la Presidencia Ejecutiva del IMAS. En el año 2021, se logró dejar resguardado esta acción al amparo de la Ley N° 9941.

Las instituciones del sector social, se agruparon bajo la Mesa de Protección Social, instancia que dependió del Centro de Operaciones de Emergencia durante el primer año de pandemia, con el objetivo de proteger a las personas, familias, poblaciones prioritarias y su calidad de vida, frente a la vulnerabilidad generada por la desaceleración de la economía y los cambios de las condiciones laborales. Se implementaron medidas de alcance nacional en las que participaron el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pero en la que participan instituciones como MCJ, DGME, Viceministerio de Diálogo, MIVAH, DESAF, MEP, PANI, REDCUDI, INAMU, MTSS, CCSS, INA, CONAPAM, CONAPDIS, IAFA, JPS, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social y la Municipalidad de San José. Dichas acciones, incluyeron la protección social de distintas poblaciones de grupos de alto riesgo como menores de edad y femenina, personas con discapacidad, adultas mayores, poblaciones indígenas, personas en situación de calle y familias en situación de pobreza.

En un contexto de amplia afectación al empleo y a los ingresos de los hogares debido a la pandemia de COVID-19, el Programa Bono Proteger permitió -como intervención de emergencia- mitigar el impacto socioeconómico de más de 724.000 personas y contener un aumento mayor en el porcentaje de hogares en condición de pobreza de nuestro país, producto de la crisis sanitaria. El Programa ejecutado por el MTSS, el IMAS y la CNE representó una inversión social total de ₡256 mil millones, sin ningún gasto administrativo-operativo adicional para el erario público o las instituciones ejecutoras.

Con la promulgación de esta política pública feminista, el país cuenta con una hoja de ruta para hacer frente al reto sociodemográfico más importante de las próximas décadas. La proporción de personas adultas mayores pasará de ser 9,2% del total en 2020 a 20,7% en 2050.

El envejecimiento de la población, sumado al perfil epidemiológico, hará que al 2050, la demanda de cuidados sea cuatro veces mayor que la actual. Así, la Política tiene como propósito implementar de manera progresiva un sistema de apoyo a los cuidados y atención a la dependencia. Esta política pública está diseñada para brindar bienestar a personas adultas, con discapacidad o con enfermedades crónicas que necesitan apoyos y cuidados para realizar sus actividades diarias.

Con esta Política, se busca ampliar la cobertura de prestaciones ya existentes en el país y sumar nuevas modalidades de cuidados que combinan el entorno familiar y el uso de la tecnología. La política fue oficializada y declarada de interés público mediante el Decreto N° 42 878. Finalmente, se aprobó la Ley N° 10192 que crea el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (SINCA). 

Después de un brote de violencia y delitos contra la vida de jóvenes en el Cantón de Puntarenas en el primer trimestre de 2021, y en respuesta a la Directriz Presidencial 111-P , el Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social lideró junto al Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Cultura y Juventud, un trabajo de articulación del Gobierno Local, instituciones, asociaciones comunitarias y esfuerzos de organizaciones y empresas privadas que permitió la recuperación de espacios públicos, intervenciones preventivas con poblaciones prioritarias, y abordaje determinantes de la violencia social, así como el impulso del Centro Cívico para la Paz del cantón. De acuerdo con los registros del Ministerio Seguridad Pública en los primeros tres meses de 2022, hubo una disminución de nueve casos comparado con el mismo periodo de 2021.

A pesar de los efectos de la pandemia por COVID-19, en 2020 el país registró la cifra más baja de hogares en situación de pobreza medida por el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).  Del 2010 al 2021, el IPM cayó 9.3 puntos porcentuales, y en la zona rural, el porcentaje de hogares pobres prácticamente se redujo a la mitad. Esto demuestra que la política y los programas sociales tienen un impacto real en el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación, la vivienda, trabajo y protección social.

Mediante la directriz Nº 016-P sobre Inclusión financiera en programas de transferencia del Estado, se ha logrado que el 81.6% de ciudadanos mayores de 18 años tenga cuenta bancaria. El 100% de los beneficiarios del Régimen No Contributivo y el 98% de los estudiantes de secundaria Avancemos están bancarizados gracias a este proceso.

Sistema implementado en todo el país en el mes de marzo de 2022 para el pago de la población beneficiaria permitirá toma de decisiones para una mayor efectividad del combate a la pobreza y de la inversión social.

El Plan viene a reafirmar el compromiso sectorial con el cumplimiento de la Agenda 2030 que convoca a redoblar esfuerzos en pro del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y, muy particularmente, con el de la erradicación de la pobreza extrema, el ODS 1.

En el período 2018-2022 se financiaron un total de 140 proyectos presentados por organizaciones sociales y comunales para un monto total superior a los ₡6 mil millones, los cuales van dirigidos al financiamiento de proyectos socio productivos para la generación de ingresos de organizaciones y familias en zonas de mayor vulnerabilidad, para el financiamiento de obras comunales que mejoren la calidad de vida y el acceso a servicios públicos (₡4.737 millones en ambos rubros), así como el desarrollo de obras y procesos de atención de población en situación de calle (₡1.283 millones en este rubro). Para el período 2018-2022 se lograron concretar 854 donaciones por un valor estimado de ₡997 millones que permitieron a organizaciones de todo el país atender proyectos prioritarios de impacto en poblaciones prioritarias y comunidades en las que trabajan.

Mediante la Ley N° 10.109 se reforma a la Ley 7769 de Atención las Mujeres en Pobreza, permitirá al Fideicomiso contar con más mecanismos de apoyo a los proyectos productivos de mujeres. Con este cambio en la Ley, las beneficiarias podrán acceder a otras opciones de financiamiento, como capital semilla, para iniciar su emprendimiento, y podrán ser atendidas mujeres que estaban excluidas del sistema financiero nacional. La ley permite también incorporar al fideicomiso recursos adicionales provenientes de otras fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, que contribuyan a financiar estas iniciativas.

En 2021 se presenta al país la plataforma virtual www.hechopormujeres.cr, dirigida a mujeres empresarias y emprendedoras de Costa Rica, que ofrece productos de alta calidad y cuyo fin es potenciar los ingresos y avanzar en su autonomía. Las instituciones públicas líderes de este programa son el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS y FIDEIMAS) y ONU Mujeres.

Por iniciativa del IMAS, y con el apoyo del MICITT se aprobó en 2019 la ampliación de meta del Programa Hogares Conectados para pasar de 140 mil hogares a 186 mil en la meta 5 que contempla equipamiento y conexión subsidiada a internet, pero además se extendió el período del subsidio para garantizar continuidad en medio de la pandemia COVID-19. La meta se encuentra cumplida en un 98,7%.

Destaca la inclusión de otras entidades en el marco de la ejecución de este, como lo son el Ministerio de Educación Pública y el SINIRUBE, para lo cual se introdujo la meta 43, a partir de mediados del año 2020, como una estrategia adicional en procura de la disminución de la brecha digital en 100 mil estudiantes.

Iniciativa, articulada por el IMAS con el INAMU, brinda herramientas en derechos humanos y ejercicio de la ciudadanía orientada hacia la igualdad real de oportunidades y la equidad de género. La inversión social de más de ¢10 mil millones busca romper patrones patriarcales y círculos de violencia desde el reconocimiento de la igualdad y dignidad de las mujeres en la sociedad costarricense.

El Proyecto de carácter interinstitucional y enmarcado en la Ley No. 7769 “Atención a Mujeres en Condiciones de Pobreza”, está dirigido a mujeres productoras agropecuarias de territorios indígenas, zonas rurales y otras con interés de participar en Servicios de Capacitación y Formación Profesional (SCFP) en el área de la Agricultura Orgánica ejecutados por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Este proyecto es coordinado entre el INA, INAMU e IMAS. A partir de la experiencia exitosa del programa durante varios años en el INA Cartago, en 2020 se decidió ampliar su cobertura en las regiones Chorotega, Huetar Norte y región Caribe.

Desde el año 2016 existe un Convenio entre el IMAS y el ACNUR, a través del cual se facilita el préstamo de profesionales contratados desde el Programa del ACNUR para ser destacados en diferentes oficinas locales del Instituto Mixto de Ayuda Social, con el objetivo de brindar atención especializada a personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugio. Este instrumento fue sustituido por una nueva carta de entendimiento en 2021.

Durante el periodo 2018-2022, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ha tenido importantes avances, tanto en la gestión de pensiones al enfrentarse al cambio generado por la pandemia, como el reto de fortalecer su sostenibilidad financiera y actuarial, con el único fin de garantizar las pensiones presentes y futuras. Bajo esa línea, se realizó una reforma la cual extendió la vida del IVM en aproximadamente 13 años. 

Esta reforma tuvo por objetivo brindar “oxígeno” al sistema, extendiendo un momento crítico (es decir, momento en que se acaba la reserva) en al menos 12 años y mejorando la Razón de Solvencia a un mínimo de 60%, las modificaciones acordadas según cada dimensión fueron:

• Edad de retiro: El derecho de Pensión por Vejez para los hombres y mujeres se mantiene a los 65 años. Por su parte, se eliminó el derecho de retiro anticipado por vejez para los hombres y se mantiene el derecho de retiro anticipado por vejez para las mujeres ajustando la edad mínima para este retiro a partir de los 63 años con 405 cuotas y para edades superiores de conformidad con el artículo 5° del Reglamento del IVM.
• Fórmula de cálculo: en la fórmula de cálculo se aprobaron tres modificaciones: Uno: Establecer el Salario Promedio de Referencia (SPR) como el promedio de los mejores 300 salarios indexados por inflación de toda la carrera contributiva. Dos: Utilizar el SPR como Salario de Ubicación (SU) para definir el rango de beneficio básico del cotizante. Tres: La cuantía adicional se contabiliza a partir de las 300 cuotas aportadas al IVM.

La aprobación de esta reforma es solo una primera etapa, pero es un gran avance que brinda al Seguro IVM el horizonte necesario para emprender el diálogo social y desarrollar estrategias que permitan una discusión país de cómo financiar el costo asociado al envejecimiento, fortaleciendo el IVM dentro del contexto del Sistema Nacional de Pensiones.

Es una propuesta que ha sido elaborada conjuntamente por el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, en coordinación con otros actores del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que busca atender las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, cuya importancia radica en que permite identificar a las personas y núcleos familiares que cumplen con las condiciones para acceder al Bono Familiar de Vivienda y permite priorizar su atención con base en los criterios de priorización definidos en el Ordenamiento Jurídico vigente.

Dicho proceso se realiza de manera automatizada, objetiva e inmediata mediante un aplicativo diseñado para tal fin, administrado por el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE). Su principal objetivo es brindar transparencia en el proceso de selección de las familias en estado de vulnerabilidad que requieren vivienda y es dirigido a las Entidades Autorizadas y demás integrantes del Sistema Financiero nacional para la Vivienda. El documento quedó en consulta pública y listo para ser llevado a aprobación final ante la Junta Directiva del BANHVI.

Entre los años 2019 y 2022, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de su programa PRONAE, modalidad EMPLEATE, logró egresar satisfactoriamente de procesos formativos con un segundo idioma a un total de 13.179 beneficiarios, invirtiendo un total de ¢15 044 millones; este dato corresponde a un 87,86% de la meta establecida en Plan Nacional de Desarrollo, “número de personas egresadas de los procesos de Capacitación y Formación del MTSS, según la Estrategia de Alianza para el Bilingüismo”.

Adicionalmente, en este momento se encuentran activos en procesos formativos un total de 5.282, lo que ya garantiza un cumplimiento superior a 100% de la meta establecida para el periodo comprendido entre 2019-2022. Como dato relevante, en el periodo más reciente, un 63% de los estudiantes egresados de procesos vinculados a un segundo idioma, se reportan como laboralmente activos (corte de estos proyectos tomados en cuenta va de noviembre 2020 a octubre 2021).

Con estos números, se demuestra el compromiso del programa con esta estrategia nacional que busca convertir a Costa Rica en un país bilingüe y, con ello, mejorar la tracción de inversiones, impulsar la generación de empleos, dinamizar la economía y elevar las oportunidades de estudio en el extranjero.

 La inversión económica realizada durante estos años ha sido cercana a los 15 mil millones de colones, tomando en cuenta únicamente a las personas que logran egresar de los procesos formativos. El programa EMPLEATE, en el marco de la Alianza para el Bilingüismo, ha gestionado proyectos no solamente para el aprendizaje del inglés como segunda lengua, sino que ha diversificado la oferta conforme a las necesidades del mercado, aprobando proyectos en francés, portugués y mandarín.

En el marco de la estrategia nacional Alianza para el Bilingüismo (ABi), el Ministerio de Educación Pública (MEP) presentó la ruta “Hacia la Costa Rica Bilingüe”,  que contiene un plan de acción al 2040 y la constitución de un equipo técnico de trabajo interdisciplinario que vela por la ejecución y trazabilidad de la misma.

 La cobertura en preescolar bilingüe aumentó del 12,6 en el 2019 al 17,7 en el 2021. La contratación de personal docente en preescolar bilingüe certificado aumentó en un 194% del 2018 al 2021.

En el marco de la Ley 9968, el 17 de marzo de 2020, se firmó el empréstito por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo dirigido a la seguridad y prevención de violencia en distritos definidos como prioritarios para la construcción de más de 30 delegaciones policiales y al menos ocho Centros Cívicos por la Paz.

Los recursos se distribuirán de la siguiente manera: Ministerio de Justicia y Paz. $32,5 millones dirigidos a ejecutar la construcción de ocho nuevos Centros Cívicos por La Paz (CCP), así como la actualización y el fortalecimiento del modelo de prevención de los CCP y la modalidad de CCP Sin Paredes. Actualmente, funcionan siete de esos centros en Garabito (Puntarenas), Santa Cruz (Guanacaste), Cartago, Guararí (Heredia), Aguas Zarcas (San Carlos), Desamparados y Pococí (Limón).

También, $63 millones se aprovecharán para edificar más de 30 nuevas delegaciones policiales del Ministerio de Seguridad Pública, en sitios estratégicos que responden a la priorización de distritos. Adicionalmente, se implementará el desarrollo de programas informáticos que permitan la interoperabilidad del Sistema de Plataforma Tecnológica de la Fuerza Pública con otras plataformas policiales, georreferenciación de los delitos y la actualización del personal policial en técnicas de análisis criminal, monitoreo de dinámicas delictivas y en estrategias para reforzar la legitimidad policial.

Este instrumento facilita su labor de la mano con el accionar del grupo inspectivo especializado en esta materia, primero en su categoría que se integra en Centroamérica, por medio del apoyo y aporte de organizaciones no gubernamentales y entidades públicas y privadas, principalmente en alianza con el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

El Grupo Inspectivo Especializado está conformado por un grupo de seis inspectoras capacitadas en género, integrado por representantes de las oficinas regionales del país, las cuales tienen la misión de divulgar, concientizar e informar a la parte empleadora y trabajadora acerca de la nueva modalidad de inspección e incluso serán el vehículo para fomentar buenas prácticas en las empresas, con la finalidad de asesorar y transformar hacia una cultura de igualdad de género en los centros de trabajo; logrando también un avance relevante en materia de cumplimiento de los derechos de las mujeres.