Acción Ciudadana impulsó un desarrollo territorial equitativo mediante la Red de Coordinación del Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, que integra a MIDEPLAN, INDER, DINADECO e IFAM. A través del programa Tejiendo Desarrollo, se unieron esfuerzos del sector público, privado y civil para responder a las necesidades de cada comunidad y fomentar una participación activa.
Además, AC fortaleció la gobernanza territorial creando 64 espacios de participación en los niveles comunal, cantonal y regional. Estos espacios permitieron la colaboración entre Consejos de Desarrollo y facilitaron la planificación de proyectos prioritarios que impulsan el desarrollo local.
Con la Ley 9329, AC también fortaleció la autonomía municipal, otorgando a los gobiernos locales recursos para mejorar la infraestructura vial cantonal. Esto permitió a las comunidades beneficiarse de proyectos clave que promueven el crecimiento y mejoran la calidad de vida en las distintas regiones del país.
Mediante Decreto Ejecutivo N.º 38536-MP-PLAN Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo se crea la Red de Coordinación del Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana integrada por: MIDEPLAN, INDER, DINADECO e IFAM.
En el marco de esta red se creó el Programa Tejiendo Desarrollo para articular los esfuerzos de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada y academia y así responder a las necesidades definidas por las y los actores territoriales.
Tejiendo Desarrollo promovió la participación social y acompañó proyectos priorizados por las comunidades para detonar su desarrollo.
Se conformaron 64 espacios de participación. En el espacio cantonal: 33 Consejos Cantonales de Coordinación Institucional (CCCI); en el ámbito territorial, 28 Consejos Territoriales de Desarrollo Rural (INDER); y a nivel comunal se activaron 11 Diálogos Comunales.
A nivel de regiones se concluyó el proceso de conformación de los Consejos Regionales de Desarrollo (COREDES) en las regiones Brunca, Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central y Huetar Caribe.
La Ley 9329 para la Transferencia de Competencias, Atención Plena y Expedita de la Red Vial Cantonal, dotó a los gobiernos locales de recursos para invertir en infraestructura. Esta ley era una asignatura pendiente desde hace 14 años.
Los recursos fueron distribuidos de la siguiente manera: ¢21 mil millones en el año 2016; ¢42 mil millones en el año 2017 y ¢63 mil millones en el año 2018, teniendo en cuenta tres componentes: la extensión de la red vial cantonal; el Índice de Desarrollo Social Cantonal y la distribución en partes iguales.
Desde los 64 espacios de participación ciudadana y articulación interinstitucional se lograron priorizar 130 proyectos detonadores de desarrollo (socioproductivos, de infraestructura, culturales, ambientales y educativos) para el 44% del territorio nacional.
Esos 130 proyectos contaron con una inversión de 22 mil millones de colones e impactaron a más de 23 mil familias.
Tras el paso del Huracán Otto y la Tormenta Nate, coordinamos con las municipalidades y la Comisión Nacional de Emergencias para destinar los recursos estatales y municipales para la restauración de puentes y apertura de vías en las comunidades más necesitadas.
Tras el cierre del Parque Nacional Volcán Poás, implementamos una estrategia de comunicación que incluyó la creación de una marca territorial y la organización de ferias comerciales para aumentar la visitación turística en las zonas afectadas.
Lunes a Viernes 9:00 am – 6:00 pm
Y recibe en tu correo electrónico información importante sobre nuestro partido.