La defensa de los derechos humanos es un compromiso fundamental de Acción Ciudadana, reflejado en la respuesta a los desafíos que enfrenta Costa Rica. En los últimos años, el país ha visto la llegada de más de 20 mil migrantes irregulares, quienes encontraron en nuestra nación un refugio seguro. La colaboración entre instituciones públicas y la sociedad civil permitió la creación de albergues y protocolos que fortalecieron nuestra capacidad de respuesta ante la emergencia migratoria, sentando las bases para un sistema de migración más eficiente y humano.
La promoción de los derechos de la población sexualmente diversa ha sido otro aspecto destacado en nuestra lucha por la igualdad. Con logros significativos, como el reconocimiento del matrimonio igualitario y la eliminación de la discriminación en las instituciones del Estado, Costa Rica se posiciona como líder en la región. Estas acciones concretas demuestran un avance hacia la equidad y el respeto por la diversidad en todos los ámbitos de la vida.
Además, se han implementado políticas públicas para atender a poblaciones históricamente marginadas, como los afrodescendientes y las personas con discapacidad.
Además, se han implementado políticas públicas para atender a poblaciones históricamente marginadas, como los afrodescendientes y las personas con discapacidad.
Principales logros en Derechos Humanos Gobierno Solís Rivera.
Entre noviembre del año 2015 y el segundo semestre del año 2016 entraron más de 20 mil migrantes irregulares, entre cubanos y extracontinentales. La articulación de instituciones públicas, civiles y privadas logró abrir más de 40 albergues durante más de 4 meses, que requirieron 500 voluntarios para funcionar. De esta experiencia, salió una Dirección General de Migración renovada, con protocolos, centros de asistencia y controles para enfrentar los nuevos procesos de migración.
La reivindicación de la población sexualmente diversa estuvo en la agenda y en las acciones concretas. Desde la iza de la bandera de la diversidad por primera vez en la sede de Casa Presidencial hasta el DERECHOS HUMANOS Costa Rica salió fortalecida con fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ante consulta del Estado costarricense para el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI y garantizar todos los derechos existentes en la legislación.
Se lograron avances en con la emisión de un decreto del Gobierno para eliminar todo tipo de discriminación en sus instituciones; la Caja Costarricense del Seguro Social dio el beneficio del seguro y la pensión a las parejas del mismo sexo y el Ministerio de Trabajo firmó una directriz para incluir el beneficio de pensión por muerte a parejas del mismo sexo cubriendo todos los sistemas con cargo al Presupuesto Nacional y el del Magisterio Nacional.
Por primera vez se hizo esta designación que recayó en el escritor e intelectual Quince Duncan para la defensa de esta población y el compromiso ante la Proclama de las Naciones Unidas, que definió el período de enero 2015 a diciembre del 2024, como el “Decenio Internacional de los Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”.
Una profunda agenda de trabajo que tuvo impacto en: el lanzamiento del Decenio Internacional de las y los Afrodescendientes en el Teatro Nacional; Plan Reconocimiento Justicia y Desarrollo de la Población Afrocostarricense 2015-2018 presentado y aproado en octubre de 2015; impulso al Plan de Trabajo de la Comisión de Estudios Afrodescendiente junto con el Ministerio de Educación Pública; propuesta para promover escuelas libres de discriminación; lanzamiento de la Campaña para una Sociedad Libre de Discriminación Racial, Xenofobia y formas Conexas de Intolerancia. en conjunto con la ONU, Defensoría de los Habitantes, INAMU y Poder Judicial; nombramiento de comisión de alto nivel para incorporar la salud de los afrodescendientes como una de las prioridades del Plan Nacional de Salud; ejecución de talleres con el Poder Judicial para reforzar los derechos humanos de esta población, entre una serie de actividades y encuentros a nivel nacional e internacional.
Se atendió la deuda de los derechos de los derechos para las familias que solicitan la Fecundación In Vitro (FIV), las cuales mediante una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó la vigencia de un decreto ejecutivo emitido en setiembre del año 2015. Esto permitió que el país dejará de incumplir la sentencia de la misma CIDH del año 2012, y que Costa Rica dejará de ser el único país del mundo donde la FIV era ilegal.
Se garantizó los derechos fundamentales de las personas con discapacidad mediante una política pública, que creó en enero del 2016 el Mecanismo Nacional de Supervisión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -que asume la Defensoría de los Habitantes-, y la creación del Sistema de Información sobre Discapacidad.
La Junta Directiva de la CCSS aprobó, en octubre 2016, la Política Integral del Adulto Mayor que impulsará una atención más ágil para esta población, el incremento de la atención domiciliaria y ambulatoria y la eliminación de la renovación del carné
En julio de 2016 se presentó Política Nacional para la Atención Integral a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle 2016 – 2026. La meta es disponer de servicios públicos y privados articulados, que permitan una respuesta eficaz y eficiente para la prevención, atención y protección de los derechos de cada uno de estos grupos de personas vulnerables de la sociedad.
El primero en América Latina desarrollado bajo el estándar de “consulta sobre la consulta”, originado en recomendaciones de la Relatoría Especial sobre Pueblos Indígenas de la Organización Naciones Unidas. Requirió trabajo conjunto con las 24 territorios indígenas, y permitió saldar una deuda con más de 20 años.
En junio de 2017 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) coloca a Costa Rica como el primer país en disminución del trabajo de menores entre 5 y 14 años. La Encuesta Nacional de Hogares en el año 2016 muestra una reducción en la tasa de ocupación de 12 mil personas menores de edad trabajadoras, pasando de un 4,3% en el año 2011 a un 3,1% en el año 2016, lo que representó una reducción en la tasa de ocupación de 12 mil personas menores de edad.
Principales logros en Derechos Humanos Gobierno Alvarado Quesada.
Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica y el número 29 en el mundo en reconocer el derecho de las personas a contraer matrimonio civil con otras de su mismo sexo. El matrimonio igualitario entró en vigor el 26 de mayo del 2020 en cumplimiento de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y una sentencia de la Sala Constitucional.
Otras de las medidas en este campo son el nombramiento del Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTIQ y la promulgación de normativa como el reconocimiento de identidad de género en DIMEX para población trans y de estatus migratorio a parejas binacionales, así como la posibilidad de acceder a bonos de vivienda a parejas del mismo sexo.
El trabajo conjunto del INAMU y diversos organismos estatales priorizó acciones y leyes que buscan condiciones de igualdad para las mujeres en salud, derechos laborales y salariales y derechos políticos.
En derechos reproductivos de las mujeres, se institucionalizó mediante decreto ejecutivo promulgado en diciembre 2019 la Norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, según lo establecido en el artículo 121 del Código Penal y en cumplimiento de la resolución del 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, en junio de 2019 inició la vacunación obligatoria contra el virus del papiloma humano (VPH) como parte del esquema básico de inmunización que se aplica a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), una acción de salud pública que reducirá el impacto del cáncer de cérvix en el país.
En mayo de 2021, la CCSS amplió la anticoncepción de emergencia para cualquier mujer. Anteriormente, este tipo de anticoncepción estaba disponible en los servicios de salud solamente para las mujeres víctimas de agresión sexual.
Paralelamente, la Asamblea Legislativa aprobó importantes leyes en favor de los derechos de la mujer y contra la violencia y el hostigamiento sexual, como la Ley contra el Acoso Sexual Callejero y la Ley para establecer el Femicidio Ampliado, y se declararon esenciales los servicios de atención de la violencia contra las mujeres.
Las transformaciones van más allá e inciden directamente en las condiciones materiales de la vida de las mujeres en general y las trabajadoras en particular. De manera especial, la administración Alvarado Quesada reforzó la autonomía económica de las mujeres con programas para la empleabilidad, colocación de fondos semilla y formación integral, así como la normativa para la protección de la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
Durante esta administración se han llevado a cabo distintas acciones dirigidas a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como el trabajo efectuado por todas las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Niñez, el cual permitió implementar más de 150 acciones para prevenir y atender la pandemia, entre ellas la vacunación contra el COVID para esta población.
El PANI abrió por primera vez el servicio de atención de emergencia todos los días a todas horas con la apertura de las Unidades de Respuesta de Atención Inmediata URAIS, que brinda servicio en todo el territorio nacional, e invirtió en recurso humano para poder brindar el servicio esencial conferido por mandato constitucional.
En el plano normativo, la Asamblea Legislativa aprobó varios proyectos de Ley dirigidos a la Niñez y La Adolescencia y el fortalecimiento de la Red Nacional de Cuido y del Patronato Nacional de la Infancia como ente rector en Niñez y Adolescencia. Actualmente se cuenta con el Estado de los Derechos de la Niñez, la Medición de la Inversión en Niñez y Adolescencia que permite identificar la inversión de más de 66 instituciones favoreciendo la toma de decisiones dirigidas a esta población.
Se inauguraron más de 400 parques infantiles para favorecer el deporte y la recreación y la salud mental y se regulariza la situación migratoria de miles de niños y niñas con la intervención de varias instituciones como el MEP, el PANI y la DGME. Personas con discapacidad. Bajo el liderazgo del segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y con el acompañamiento técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), el gobierno desarrolló importantes acciones destinadas al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad.
Fue así cómo se creó el Programa Escuelas Integrales de Iniciación Deportiva, con una inversión de ₡655 millones en 65 comunidades con 3.599 estudiantes, al tiempo que se invirtió en la construcción de infraestructura deportiva acorde con las necesidades específicas del sector.
Con el objetivo de lograr una educación inclusiva, 64 aulas integradas fueron transformadas en servicios de apoyo para estudiantes con discapacidad y 851 personas con discapacidad matriculadas en centros educativos especiales se trasladaron hacia centros educativos regulares. Adicionalmente, ₡1.636 millones fueron invertidos en 195 centros educativos.
Mediante la aplicación de la Ley 8862, se logró incrementar un 80% las contrataciones de personas con discapacidad en instituciones de gobierno en el periodo 2018-2022.
En el 2018, el gobierno de Costa Rica emitió la Directriz No. 017 para el sector público iniciando así el “Proceso de construcción participativa e intercultural de la Política Pública para los Pueblos Indígenas 2019-2024”.
Posteriormente, de acuerdo con el Decreto No. 40993-MP, se formuló el borrador que fue presentado a los pueblos indígenas en marzo de 2021 la Política Nacional para los Pueblos Indígenas, la cual aspira a orientar las acciones estatales hacia el efectivo cumplimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
Los esfuerzos por integrar a poblaciones tradicionalmente marginadas, como es el caso de los indígenas, se concretaron en leyes como la 9710 “Protección del derecho a la nacionalidad costarricense de la persona indígena transfronteriza y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza”, reglamentada mediante decreto ejecutivo 42814 de enero de 2021.
Gracias a esta legislación y su reglamento, la población ngobe-buglé ha iniciado la regularización de su estatus en el país, al obtener un acceso pleno al derecho a la nacionalidad costarricense y ofrecerles opciones de naturalización, permitiendo que se emitiera la primera cédula en el 2022 gracias a este mecanismo.
Otras medidas en este campo son la declaración en 2020 de interés público del Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas, y el trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) en los territorios indígenas, que se resume en 4.983 documentos analizados, 208 mojones construidos, 7.777 censos realizados, 1.638 propiedades medidas y 310 expedientes conformados.
Asimismo, se dio la oficialización y declaratoria de interés público de la base de datos Broran (territorio indígena Térraba) en 2019 y se conformó la primera Federación Deportiva y Recreativa de los Pueblos Indígenas, en 2020.
Durante la administración Alvarado Quesada, el país continuó en el esfuerzo por garantizar la plena participación y la integración en la vida social, económica, política y cultural de la población afrodescendiente, ejemplo del carácter pluricultural y multiétnico de la nación.
La primera vicepresidencia de la República, Epsy Campbell, en coordinación con el Comisionado Presidencial para Asuntos de la Afrodescendencia, Enrique Joseph, ejecutaron múltiples acciones con el fin de visibilizar, promocionar y proteger los derechos humanos y la cultura de las personas afrodescendientes.
Entre estas acciones destacan la Ley No.10001 “Acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes”, firmada en agosto de 2021, la cual establece una serie de disposiciones que buscan promover la igualdad, la justicia y el reconocimiento a la población afrodescendiente en Costa Rica.
Asimismo, destacan la emisión de recomendaciones para la prevención del COVID-19 en población afrodescendiente, la campaña deportiva “Respeto, No al Racismo”, la declaración de interés público de la población afrocostarricense y el impulso ante las Naciones Unidas de la celebración del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y la creación del Foro Permanente de Personas Afrodescendientes.
Numerosas acciones se enmarcan en la reconocida tradición de Costa Rica como país de refugio y acogida, y confirman la oposición del país a cualquier tipo de xenofobia. Así, por ejemplo, se firma el decreto ejecutivo Nº43393, en enero de 2022, mediante el cual se formaliza el Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE) como la plataforma nacional de discusión y coordinación de acciones para temas relacionados con refugio en Costa Rica.
Destaca también el convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), asumido económicamente por Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que amplía el seguro médico del que ya gozaban 6.000 solicitantes de refugio y refugiados más vulnerables desde 2020, y alcanzó a 4.000 personas más durante el 2021.
Paralelamente, la CCSS inmunizó a personas migrantes regulares y en condición de irregularidad, así como solicitantes de refugio.
En el 2021, con el apoyo del Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez Cordero, se consiguió el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas con el cual fue posible la presentación borrador de la nueva Política Nacional de Envejecimiento y Vejez y su plan de acción 2022-2032 , a partir de un amplio proceso de consulta a las personas adultas mayores y a las organizaciones relacionadas con ellas, así como de los talleres realizados con representantes de las instituciones, entre otras.
Arrancó el funcionamiento de la Línea Dorada. En el 2021 se hizo un análisis de resultados de ese plan piloto y se inició con el proceso para poner en operación ya de manera permanente la LÍNEA DORADA de CONAPAM. Esta Línea empezó a operar el 7 de abril de 2022, el número es 800 CONAPAM (800 266 2726) y opera las 24 horas al día durante toda la semana.
Se instalaron un total de 30 Establecimientos de Personas Adultas Mayores con Centro Comunitario Inteligente y conectividad en funcionamiento (CECI), entre los 30 establecimientos se tiene: Hogares de Larga Estancia, Centros Diurnos y Asociaciones de Pensionados. Durante los años 2020, 2021 y 2022 los CECI se han mantenido cerrados por la pandemia. Se están retomando para este año 2022, esto debido a que los CECI se encuentran en establecimientos con población de alto riesgo.
En relación con la cobertura del Régimen no contributivo de la CCSS, dentro del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión P 2019ública 2022, se ha producido una cobertura del 100% según lo programado, y en dos periodos inclusive la meta ha sido sobrepasada reflejando un aumento en la demanda de dicho beneficio. Como un ejemplo de lo anterior, para el año 2020 el cumplimiento de las pensiones nuevas fue de 73.06%, pero considerando que en el periodo 2019 se otorgaron 1.338 pensiones nuevas adicionales, el resultado sería de 4 992 nuevos beneficios, es decir, un cumplimiento de aprox. 99.84%. Por su parte, para el 2021 se contó con 134 656 personas cubiertas por este régimen, superando lo programado y establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.
Como respuesta las medidas de restricción del gasto para enfrentar los efectos de la pandemia, se consideraron los recursos remanentes de periodos anteriores, más recursos extraordinarios aprobados por la Contraloría General de la República durante este periodo como respuesta a constantes esfuerzos y coordinaciones que el Programa ha mantenido con entes superiores, se ha logrado cubrir los gastos para el total de pensiones nuevas otorgadas y para el total acumulado de beneficiarios y por ende cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022. Cabe mencionar, que al 31 de marzo 2022 se han otorgado 16 237 pensiones superando ya la meta del Plan Nacional de Desarrollo anterior, y quedó presupuestado y asignado el requerimiento presupuestario para cumplir con la meta final.
Gracias a una fuerte inversión en construcción y mejoras de la infraestructura carcelaria, se logró superar el hacinamiento del 43% que se arrastraba desde 2018 y que se redujo en marzo de 2022 al 5,8% de sobrepoblación en estos recintos, respondiendo a recomendaciones de organismos internacionales.
Con la construcción de más de 2.200 nuevos sitios en el sistema penitenciario y la inversión de ¢22.879 millones en infraestructura y en mejoramiento de las instalaciones se rehabilitaron espacios y construyeron módulos y un nuevo centro penitenciario (CAI Terrazas, en el Complejo Occidente).
A estos esfuerzos por humanizar el espacio penitenciario, se agrega la próxima apertura de dos nuevos centros de Regionalización de la Mujer y queda prevista la construcción de 600 espacios más.
Las mejoras en la infraestructura respetan los estándares de diseño y construcción para los nuevos penales que se edifiquen en el país y obedecen al empeño en respetar los derechos humanos y la dignidad de la población privada de libertad.
Con estos logros y compromisos, Acción Ciudadana reafirma su dedicación a la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental de nuestra sociedad. Cada paso hacia la inclusión y la equidad representa un avance en la construcción de un Costa Rica más justo y solidario. Juntos, continuaremos trabajando para garantizar que todas las personas, sin importar su origen, identidad o condición, puedan vivir con dignidad y pleno respeto a sus derechos. La lucha por los derechos humanos es un viaje constante, y estamos comprometidos a seguir avanzando en este camino.
San José, San Pedro de Montes de Oca, 200m Norte de las instalaciones del IAFA –
Costa Rica
Lunes a Viernes 9:00 am – 6:00 pm
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